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Fecha Publicación: 24-07-2013

Recursos de royalties y Fonacide no se reflejan en obras en Cordillera

Recursos de royalties y Fonacide no se reflejan en obras en Cordillera

Desde 2012 hasta junio de este año, los 20 municipios de Cordillera recibieron G. 55.500 millones de royalties y G. 16.531 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). Pero según la ciudadanía, este dinero no se refleja en obras ni llega al sector educativo, por lo que piden mayor control de los organismos pertinentes.

CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional).Los veinte municipios de este departamento recibieron millonarias transferencias, según consta en la página web del Ministerio de Hacienda desde 2012, hasta junio de 2013. Corresponden a royalties y recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).Al respecto, Hacienda transfirió a los municipios, en concepto de royalties, en 2012, G. 39.994 millones; y en 2013, G. 15.506 millones, totalizando G. 55.500 millones. Como ejemplo se tiene que la localidad de Caacupé es el mayor beneficiario, con G. 4.944 millones; y el distrito de San José Obrero, como uno de los menores, con G. 2.220 millones, en ambos años.Según la ley vigente, los municipios deben destinar el 85% de los royalties a las áreas de desarrollo urbano, infraestructura vial, educación, salud, desarrollo productivo y medio ambiente. El 15% restante puede destinarse al financiamiento de proyectos de inversión, de fiscalización de obras o a gastos corrientes.En materia de utilización de estos recursos, como ejemplo, se puede mencionar que en 2012, no se realizó ninguna obra de infraestructura importante en Caacupé, a excepción de pequeñas reparaciones en instalaciones municipales. Según la concejal Celeste Vera (PLRA), en la ejecución presupuestaria figura que se realizaron trabajos de bacheo en algunas arterias importantes de la ciudad, pero según mencionó, no pudieron localizar el lugar de la realización de dichos trabajos.Al respecto, dijo que varias veces solicitaron al ejecutivo un informe de todo lo realizado, pero hasta ahora no obtienen respuesta. Los royalties correspondientes al año 2013, que sumanG. 1.391 millones, no pueden ser utilizados por la judicialización del presupuesto municipal. Basta realizar una pequeña recorrida por el municipio para verificar el estado de las calles y las necesidades en obras de infraestructura, como un escenario deportivo cerrado, entre otros.Dinero caído del cieloEn lo que se refiere a los recursos de Fonacide, los municipios cordilleranos recibieron G. 16.531 millones desde setiembre del año pasado. El artículo 4 de la ley del Fonacide señala, taxativamente, que por lo menos el 50% de los ingresos percibidos deberán destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación, como construcción, remodelación, mantenimiento y equipamiento de centros educativos.En el mismo artículo, se contempla que el 30% deberá ser direccionado al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar, beneficiando a niños de educación inicial y educación escolar básica del primer y segundo ciclo de instituciones educativas del sector oficial ubicados en zonas vulnerables. El 20% restante debe ser utilizado para obras públicas y de inversión.Ya sea por falta de coordinación entre los entes o por desconocimiento, algunas intendencias actuaron con criterios administrativos incorrectos, entregando los fondos a las comisiones de padres de las instituciones educativas o adjudicando las obras de manera directa. Esto incluso podría ser una malversación de los recursos mencionados.En otros como el municipio de San José Obrero y según denuncias de los concejales, los fondos desaparecieron, sin que hasta ahora se haya realizado ninguna obra en las instituciones educativas, aunque en el balance figure lo contrario.Muchos intendentes piensan que los recursos del Fonacide son una suerte de "regalo" que se les hace, procediendo entonces a utilizarlo de manera absolutamente discrecional. Incluso con finalidades que no son las estipuladas en la ley, como la contratación de funcionarios y el financiamiento de campañas electorales. También se tienen varias denuncias por sobrefacturaciones en la realización de obras y compras de materiales para la merienda escolar, entre otros.La ciudadanía reclama que la Contraloría General de la República (CGR) cumpla acabadamente con su rol como "órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades", según lo dispuesto en el artículo 281 de la Constitución Nacional.
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